El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha analizado la evolución de las tasas de riesgo de pobreza y de pobreza severa en España con motivo de la Semana de la Pobreza.

Del análisis, que se nutre de datos de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística, se desprende que estas tasas presentan una tendencia claramente descendente desde el año 2021 y que la pobreza y la exclusión social en España serían mucho más graves de no contar con el papel protector del Estado.

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El análisis realizado por la Secretaría General de Inclusión coincide en sus conclusiones con el informe presentado este lunes en el Senado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-ES), en el que se destaca que la acción protectora de las ayudas y prestaciones del Estado, junto al fomento del empleo, han situado estas tasas en los mínimos de la serie temporal.

«Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno desde la pandemia – Ingreso Mínimo Vital, subida del salario mínimo, la rebaja del IVA, los topes a la factura de la luz y del gas o la revalorización de las pensiones- han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza», ha explicado la ministra Elma Saiz, según los datos del informe de EAPN. «Es decir, si las familias solo hubieran contado con sus ingresos reales, sin ayuda del Estado, la tasa de pobreza se situaría en el 42,6%; pero gracias a la totalidad de transferencias, incluidas las pensiones, esta tasa se sitúa en el 20,2%».

La tasa de riesgo de pobreza ha pasado de 21,7 puntos porcentuales en 2021 a 20,2 en 2023, lo que supone la tasa más baja desde 2015. «Los nuevos objetivos desarrollados en la Agenda 2030 remarcan la importancia de esta tasa como indicador específico», ha añadido la ministra. En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza severa, se ha pasado de 10,2 puntos porcentuales en 2021, a 8,3 puntos en ese mismo 2023, siento también la tasa más baja desde 2015.

«Estos datos demuestran que la hoja de ruta del Gobierno progresista es la adecuada, pero nuestra acción no ha terminado y somos muy conscientes de ello. No nos conformamos», ha dicho Saiz. «La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser una lucha compartida donde el Estado y las Comunidades Autónomas se comprometan por igual», ha añadido Saiz.

En ese sentido, el Ingreso Mínimo Vital, política puesta en marcha en 2020 por el Gobierno, ha sido el paraguas necesario para desplegar una acción protectora homogénea en todo el país. Sin embargo, «se diseñó para que fuera complementario a las rentas mínimas autonómicas, que podían aprovechar el impulso del IMV para aumentar su cuantía o extender la ayuda a otros colectivos, y 12 de las 17, también las dos ciudades autónomas, han optado por reducirlas. Necesitamos estar unidos en este propósito de país», ha continuado Saiz. Las únicas que no han reducido sus rentas mínimas son Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias.

El Ingreso Mínimo Vital ha tenido efecto donde más se necesitaba desde que se puso en marcha en 2020, reduciendo la pobreza severa entre un 5 y un 20%. En Andalucía, Extremadura o Murcia, por ejemplo, el IMV llega a cerca del 8% de la población.

La cuantía del Ingreso Mínimo Vital se ha revalorizado más de un 30% desde el 2020, destacando el incremento del 15% en 2022 para hacer frente a la inflación.