La consellera solicita por carta, junto a otras seis comunidades autónomas, que el Consejo Interterritorial de Salud del próximo lunes debata sobre el concierto sanitario para los funcionarios

Manuela Romero insta al Ejecutivo central a que la dotación económica «sea la necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a todas las necesidades» de los mutualistas

La Conselleria de Salud de Baleares ha enviado esta mañana una misiva, junto a las consejerías de las comunidades autónomas de La Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid, Castilla y León y Extremadura, en la que reclaman que, en el próximo Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) que tendrá lugar el próximo lunes, se incorpore un nuevo punto del día para abordar el problema de la no renovación del concierto con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

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Baleares reclama al Gobierno la licitación urgente de un nuevo convenio con MUFACE

En caso de que concluya este año sin renovar el concierto, los servicios de salud públicos de todas las comunidades del país tendrían que asumir la asistencia de 1.103.292 funcionarios, de los que dependen 434.409 beneficiarios, 1.537.701 personas protegidas en total, de acuerdo con los datos consolidados de 2023 ofrecidos desde la propia MUFACE.

En el escrito registrado, las comunidades firmantes solicitan al pleno del Consejo que adopte un acuerdo para instar «al Gobierno a licitar con máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios un nuevo concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que cuente con la dotación económica que sea necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a todas las necesidades de los propios mutualistas, así como para consolidar y desarrollar el mutualismo administrativo en el futuro desde la sostenibilidad y la solvencia del modelo».

Previamente a realizar esta petición, la consellera de Salud ya manifestó que un asunto de esta importancia, que tendrá importantes repercusiones para los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, debería tratarse en un Consejo Interterritorial.

«Es evidente que el impacto sería muy importante. No es únicamente una cuestión económica; es también una cuestión de espacios, de infraestructuras, impacto presupuestario, mayor tensión en Atención Primaria, hospitalaria, listas de espera…», apuntó Manuela García.

«Porque las comunidades autónomas tenemos presupuestos, espacios, dotaciones, infraestructuras, etcétera… adaptados a la población existente en este momento. Y esto supondría un incremento importante de la población a atender. Una entrada súbita de un volumen de pacientes importante significa mucha mayor afluencia en cada centro de salud, en cada hospital, nuevas consultas, nuevas operaciones quirúrgicas…es indudable que tendría un impacto muy significativo sobre las listas de espera. Creemos que el Ministerio debe hacer un esfuerzo y, desde aquí, le instamos a reconducir este tema, a negociar y a buscar la financiación y las medidas que hagan falta para que MUFACE y este tipo de asistencia sanitaria continúe», instó.

Dentro del trámite administrativo iniciado ante la caducidad del concierto 2022-2024, MUFACE hizo público su informe sobre las propuestas realizadas por las compañías el pasado 10 de diciembre, considerando que no aportaban la evidencia de costes necesaria para justificar el aumento de las primas solicitado y que habría sido deseable obtener una mayor información.

En paralelo, el mismo 10 de diciembre, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se asumió el compromiso en firme de publicar una nueva licitación antes de que acabara el 2024.